La Lucha Por El Territorio De Los Aborígenes - I -

Chaco Día Por Día - Martes 20 de noviembre de 2007.

Cinco siglos igual. Empresas sojeras, plantas de celulosa, minería a cielo abierto, petroleras y el turismo cinco estrellas expulsan de sus territorios a pueblos indígenas.

Empresas sojeras, plantas de celulosa, minería a cielo abierto, petroleras y el turismo cinco estrellas expulsan de sus territorios a pueblos indígenas. Un relevamiento parcial contabilizó 397 conflictos por tierras, con una superficie total de 8,6 millones de hectáreas: tres veces la extensión de Misiones ó 425 veces la Ciudad de Buenos Aires. A fuerza de organización, las comunidades indígenas resisten desalojos y comienzan a recuperar territorios.

El campo de golf del Hotel Llao Llao de Bariloche es de los más exclusivos del país, con precios tan inalcanzables como una cabaña cinco estrellas frente al cerro de los Siete Colores de Humahuaca o una habitación con vista al Parque Nacional Iguazú.

En los tres lugares, comunidades indígenas resisten desalojos de sus territorios ancestrales y exigen que se respeten sus derechos constitucionales a vivir donde nacieron. Son sólo una muestra de los 397 casos que relevó este diario en doce provincias y que involucra a 8.653.490 hectáreas, una superficie similar a media provincia de Córdoba, o tres veces Misiones ó 425 veces la Ciudad de Buenos Aires.

Los territorios aborígenes también son acechados por el corrimiento de la frontera agropecuaria, los monocultivos de soja y pino, la minería metalífera a gran escala y las petroleras. “El modelo extractivo de ‘desarrollo’, a base de explotar nuestros recursos naturales, es una saqueo al país, pero también es directamente opuesto a nuestro modo de vida. Para ese modelo de saqueo, necesitan nuestros territorios, pero nosotros no nos quedaremos de brazos cruzados”, advierten desde la organización Mapuche-Tehuelche 11 de Octubre, de Chubut.

El mapeo, que sólo abarca una parte del total de situaciones del país, también revela que los conflictos se multiplican de la mano del crecimiento de organizaciones indígenas y campesinas, y de su consolidación como actores sociales en una decena de provincias.

Educación bilingüe e intercultural, asistencia sanitaria (en complementariedad con la salud ancestral) y participación en todos los asuntos que los afectan -como consta en la Constitución Nacional- son derechos y reclamos históricos de los 24 pueblos indígenas de Argentina, presentes en 19 provincias y que, según las propias comunidades, ronda el 1,5 millones de personas (aunque el Censo Indígena del Indec, muy cuestionado por los pueblos originarios, arrojaba un número mucho menor: 400 mil personas).

Pero en la lista de derechos básicos, siempre el primero es el mismo: “Territorio” (entendido con la carga de costumbres, cultura e historia, y no como un bien económico, por eso no utilizan el término “tierra”). Reconocido por la Constitución Nacional, constituciones provinciales, pactos internacionales y, recientemente, por la ONU.

El híperdifundido “caso Benetton”, que enfrenta al matrimonio mapuche Atilio Curiñanco y Rosa Rúa Nahuelquir con los multimillonarios europeos, con 565 hectáreas representa sólo el 0,006 por ciento de las tierras en disputa de Argentina, según el relevamiento de este diario, que contabilizó 397 casos y que tienen como sectores enfrentados a los pueblos indígenas de un lado y, del otro, un gran arco conformado por multinacionales mineras, estados provinciales y Nacional, privados multimillonarios –aunque también algunos menos acaudalados-, empresarios turísticos, plantas de celulosa, empresas sojeras, universidades nacionales y, según acotan las comunidades, “un sistema político y judicial que desobedece las leyes”.

Las provincias con mayores conflictos: Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Misiones, Chaco, Neuquén, Río Negro y Chubut. También figuran Mendoza, La Pampa, Formosa y Buenos Aires.

El hotel Llao Llao se encuentra a 30 kilómetros del centro de Bariloche, entre montañas y con vista al lago Nahuel Huapi, la habitación más económica cotiza 348 dólares por noche. El sábado 15 de septiembre tuvo una visita inesperada: la comunidad mapuche Takul-Chewke llegó en camionetas, con materiales y alimentos, y comenzó la construcción de su cabaña, a sólo siete kilómetros de los cuartos cinco estrellas, una de las zonas más codiciadas y costosas de la Patagonia.

“Venimos a recuperar 625 hectáreas que le robaron a nuestra abuela en 1951. Somos parte de este lugar, que ahora recupera a sus originales habitantes, que no se han muerto y que todavía resisten”, explicó Ana María, nieta de Takul y vocera de la comunidad, compuesta por seis familias con 126 integrantes. Los ampara la Constitución Nacional, convenios internacionales con rango constitucional, leyes nacionales y hasta la Carta Orgánica municipal –recientemente aprobada-, pero ya los denunciaron por “usurpación”.

Sólo en Río Negro existen al menos 20 conflictos de tierras que significan 106.150 hectáreas. Si se incluyen Neuquén y Chubut –-siempre Pueblo Mapuche-Tehuelche-, los casos ascienden a 81, que involucran 199.245 hectáreas. “Existen muchísimas más disputas territoriales de las que llegan a los medios o a los juzgados. Imposible estimar”, remarcó el abogado de Chubut Eduardo Hualpa, especializado en derecho indígena.

Las contrapartes: el Estado (nacional, provincial y municipal), el Ejército, estancieros, empresarios turísticos, las empresas de hidrocarburos Chevron, Total Austral, Petrobras, Repsol-YPF, Energy Company, Pluspetrol, Apache Corporation, Petrolera Piedra del Aguila, TGS Transportadora de Gas del Sur, Petrolera Orion y Texaco.

También intentan desalojos las compañías mineras Imausa, Ambar, IMA Explorations, Aquiline Resources, Meridian Gold y Andacollo Gold, entre otras. Un caso del mundo insólito lo protagonizó la empresa estadounidense Apache, cuando llevó a juicio a la comunidad Lonko Purán porque ésta le prohibió, mediante cortes de ruta y movilizaciones, ingresar a sus tierras ancestrales.

“Los gobiernos de hoy tienen la misma ideología de los que intentaron nuestro exterminio. Responden a los mismos intereses que se beneficiaron con la apropiación de nuestro territorio. Generan condiciones políticas y adecuan las leyes para que grandes grupos económicos se apropien de recursos estratégicos que están dentro de nuestro espacio. Agua, petróleo y oro son sólo un ejemplo”, remarcó Chacho Liempe, referente del Consejo Asesor Indígena (CAI), de Río Negro, que afronta una decena de conflictos.

Además, la concentración de tierras se acentúa y, cada vez más, genera choques con comunidades mapuches. Como muestra un estudio de la Mesa Campesina del Norte Neuquino -en base a datos oficiales-, detalla que el diez por ciento de las explotaciones agropecuarias más grandes de la provincia concentran el 92 por ciento de las tierras productivas, mientras que el 60 por ciento de los productores más pequeños representan sólo el 0,6 por ciento de la superficie provincial.

Las comunidades indígenas de la Patagonia visualizan otro foco de problemas que crecerá en los próximos años: la minería a cielo abierto, que con grandes explosiones de rocas, millones de litros de agua y sopas ácidas (muchas veces con una sustancia contaminante como el cianuro) producen un cóctel acusado de contaminar aire, suelo y napas subterráneas.

En 2003, la ciudad de Esquel, en Chubut, se movilizó y organizó un plebiscito para que la ciudadanía decida qué tipo de desarrollo deseaba: el 81 por ciento votó contra la minería a gran escala, personificado en ese caso en al compañía Meridian Gold.

"La minería es una actividad meramente extractiva con múltiples ramificaciones y consecuencias tanto a escala económica como ecológica, social y cultural. Es un hecho comprobado que las regiones mineras del mundo son publicitadas inicialmente como regiones ricas y llenas de oportunidades, pero terminan siendo las más pobres", afirma un comunicado de Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Río Negro.

Luego del plebiscito la empresa optó por un perfil más bajo, pero no abandonó el proyecto. En la región, existen nueve emprendimientos en ejecución o estado avanzado: Yacimiento Navidad (que generó un gran conflicto con comunidades originarias del centro de Chubut), El Desquite, Calcatreu, Andacollo, Cerro Vanguardia, Manantial Espejo, San José-Huevos Verdes, Cerro Solo y Sierra Grande.

“Todos ellos están asentados sobre territorios indígenas o de campesinos con posesión de décadas”, afirmaron desde la Asamblea de Esquel. Además, existe una decena de emprendimientos en exploración. “El 75 por ciento de la Argentina está inexplorada”, publicitan desde la Secretaría de Minería de la Nación, invitando a empresas a radicarse en los 5.000 kilómetros de cordillera.

“Hay un avance de los latifundios, de las empresas de hidrocarburos y muy claramente de las mineras, pero en nuestros derechos no hay avance, sean gobiernos peronistas o radicales no hay respuestas, no aparecemos en sus agendas. Pero seguiremos organizándonos con tres objetivos claros: reconocimiento como Pueblo Mapuche, restitución de nuestros territorios ancestrales e investigación sobre el proceso histórico de cómo el Estado actuó con el Pueblo”, advirtió Mauro Millán, de la organización mapuche-tehuelche 11 de Octubre.