Santa Cruz: Conflicto Docente Y Bloqueo Informativo

Editorial Perfil - abril 2007.

Santa Cruz - Calladitos la boca.

Por Jorge Lanata
07.04.2007 23:10

Hace tres semanas, en medio de una escala a la vuelta de Malvinas, estuve diecisiete horas en Río Gallegos. Diecisiete horas no es tiempo para nada, y si tomamos en cuenta que sólo caminé dos cuadras desde el hotel hasta un restaurant y de vuelta al hotel bien podrá advertirse que mi imagen de la ciudad podría ser por cierto muy parcial.

Lo curioso es que la mayoría de la gente que me crucé, junto a la que detenía la marcha de los autos para decirme alguna cosa y los que –enterados de nuestra presencia– me esperaron en la puerta del hotel o dejaron allí alguna carta (habrán sido cuarenta o cincuenta personas en unas pocas horas?), todos sin excepción pedían una cosa: ­

‑Por favor, cuenten lo que está pasando acá. Nadie lo hace.

—Nos están ahogando. Nadie dice nada. Hagan algo.

—¡Hablen de Santa Cruz!

El pedido era tan o más urgente de lo que ahora suena. ¿Quiénes eran todos? ¿De dónde habían salido? ¿Serían extras contratados por algún partido anarquista? ¿Eran parte de un complot para desestabilizar a Kirchner? ¿Me habré cruzado justo con los descontentos o los descontentos son demasiados?

En aquel momento se había realizado sólo una de las marchas de docentes y estatales que luego fueron creciendo: era la noche del sábado y me contaban que, el jueves, unas cuatro mil personas habían desbordado las calles de una ciudad de ochenta mil habitantes. A la semana siguiente fueron ocho mil y en la posterior, unos diez mil.

La respuesta del gobierno local sólo le echaba nafta al fuego: descuento de los días de paro, gendarmería en la calle, acusaciones presidenciales de complot. Después de la primera marcha, en ese momento sólo de los docentes, el automóvil del gremio fue incendiado por manos anónimas y los vidrios del sindicato, rotos a pedradas.

La reacción de la mayor parte de la prensa local fue el silencio: silencio sobre la marcha, silencio sobre los atentados, silencio sobre los reclamos. El silencio provocó, como era de esperarse, la reacción adversa y ayudó a la que protesta se transformara en un reclamo indignado.

Pocos días después el silencio se llenó de furia: frente a una versión de inteligencia que señalaba la intención de los maestros de tomar las escuelas, el gobierno decidió militarizar el conflicto: el Presidente comenzó sus vacaciones en El Calafate mientras todas las escuelas de la villa amanecieron custodiadas por efectivos de la Gendarmería y la policía local.

En la EGB9 la ocupación militar determinó que no pudiera dictarse el primero de cinco talleres institucionales previstos en el año, y en la EGB73 la directora Alicia Obregón quedó encerrada porque, al alambrar la puerta de la escuela, los gendarmes no advirtieron su presencia. El taller de electricidad para adultos de la EDJA11, a cargo del profesor Yakowitz, fue suspendido por la policía.

El cobro de los salarios de marzo siguió echando nafta al fuego: los maestros cobraron sin recibo y con descuentos de hasta el 70% del total.

A esa altura el reguero del conflicto docente ya había encendido en Salta, Neuquén y La Rioja y en las dos primeras provincias la represión fue indiscriminada, con la muerte de un maestro que sufrió el disparo de una granada a quemarropa.

El Gobierno trató de evitar el impacto de la crisis y sólo el ministro del Interior salió a declarar sobre lo que describió como el problema provincial de un dirigente opositor (Sobisch). ”Ya saben como somos nosotros con el tema de los derechos humanos”, remarcó Anibal F, quien se negó a dar muchas precisiones sobre la Gendarmería –que de él depende– en Santa Cruz.

Enterado de la muerte del maestro, la agencia Telam distribuyó una frase de circunstancia del Presidente desde su lugar de vacaciones. Ya hubo una muerte, la del policía Sayago, que provocó un golpe de Estado provincial. Aquella vez –no hace tanto– fue cuando el Presidente decidió manejar Santa Cruz por un control remoto que ahora parece no tener pilas.

A mediados de marzo de 2006, Alberto F intentó dejar en el bronce una frase que resumiera la renuncia del entonces gobernador Acevedo: “La historia y los santacruceños le reclamarán –dijo– los motivos de su dimisión”. La frase tenía un dejo de manual de historia pero era, en el fondo, dialéctica pura: lo último que el Gobierno querría es escuchar a Acevedo hablando en serio.

Escudado en “motivos personales”, Acevedo hizo mutis por el foro, volvió a dar clases en el interior de la provincia, viajó luego a los Estados Unidos y hay quienes sostienen, ahora, que quizá acepte un cargo diplomático después de la reelección K. Todo silencio sostenido tiene su precio en el mercado.

El verdadero motivo de la renuncia de Acevedo, según diversas fuentes, puede encontrarse entre estos tres hechos o en una combinación de ellos:

* Divergencias con el asunto de los fondos de Santa Cruz en el exterior, que nunca terminaron de llegar.

* Coletazos del conflicto de los petroleros en Las Heras, que terminó con la muerte nunca aclarada del policía Jorge Sayago.

* Anuncio de un aumento del 13% a todos los empleados públicos, cifra que se incorporaría al básico y quedó suspendida por la nueva administración. Hay quienes creen que este fue el inicio del reguero de pólvora que hizo eclosión el pasado mes con el conflicto docente.

Que el nuevo gobierno provincial sería manejado a control remoto fue, desde el primer día, un secreto a voces. El propio presidente K puso en funciones en el ejecutivo provincial al vicegobernador, Carlos Sancho, aclarando que “va a ser un buen administrador”.

Sancho es hijo de un radical ex intendente de Río Gallegos durante la dictadura y socio, a la vez, de Máximo, el hijo presidencial, en la inmobiliaria más importante de Río Gallegos, con sede en Alberdi 43.

El secretario general de la Gobernación, Roque Ocampo, es el único sobreviviente del golpe a Acevedo: ex miembro de la Gendarmería durante la dictadura, es ahora el encargado de la relación con los medios. Para decirlo de otro modo, es el encargado de decirles lo que deben decir.

“Don Roque” levantó hace algunos días el programa infantil La Ronda, de LU14-Radio Provincia. El envío llevaba catorce años en el aire conducido por Marta Saborido, una profesora de música para chicos discapacitados que cometió un error fatal: mencionó el paro docente.

Es imposible hablar del silencio en Santa Cruz sin mencionar a Rudy Ulloa Igor, chileno nacido en Puerto Natales, para algunos “El Ahijado”, para otros “El Hermano Menor” del presidente K. Pero el vínculo con K no es familiar: Rudy fue cadete de su estudio de abogados y luego chofer y “encargado de logística” del actual Presidente. Hoy es el mayor propietario de medios de Río Gallegos y es titular de una cuenta conjunta con K en el Banco de Santa Cruz, por 1.302.555 dólares.

Rudy edita los 18.700 ejemplares gratuitos de El periódico, y produce contenidos “periodísticos” para dos canales de cable, el 2 –donde está asociado junto a Supercanal, de Vila y Manzano, a la vez titulares de América TV (¿cómo harán para hacer oficialismo en el sur y oposición en Buenos Aires junto a De Narváez?)– y el 10, una señal que alquila a un operador local.

El diario La opinión austral, que lleva cuatro décadas en el mercado es propietario tambien de LU12 y sufrió algunos de los embates del gobierno local: debió levantar bajo presión los programas de Mirta Spina y luego Séptimo día, de Héctor Barabino, y puso en lugar de Spina a Antonio Novak, quien aterrizó hace algún tiempo en Canal 9 como columnista del noticiero en su nueva etapa kirchnerista.

Muy pocos medios, casualmente, no reciben aviso alguno del Estado y mantienen su independencia: Tiempo Sur y FM Tiempo,del Ingeniero Kalmus; FM Abril y, en Internet, OPI Santa Cruz.

El presupuesto anual de publicidad del Estado provincial asciende a unos cinco millones de dólares y se descuenta que va a multiplicarse a lo largo del año electoral. Sólo la Secretaría General de la Gobernación gastó en 2006 mas de un millón de dólares en avisos, sin contar los entes descentralizados, municipios, publicidad de entes nacionales y empresas privadas que concesionan con el Estado.

Mónica Soporsky, directora de la EGB Nº 47, fue presentada hace unos días por OPI Santa Cruz como uno de los casos testigos de la revancha del gobierno local frente al paro docente: le descontaron 1.600 pesos por haber realizado seis días de paro.

La conformación del salario docente y de los estatales en general es realmente surrealista: el sueldo básico de un médico part time, por ejemplo, es de 57,47 pesos en blanco, aunque cobran en mano 3.438 pesos (tómese en cuenta que alquilar un ambiente con kitchinette en Río Gallegos oscila entre los 900 y 1.000 pesos por mes).

Un enfermero auxiliar cobra 58,95$ en blanco y un administrativo gana 51,45$, con 1.141 pesos en mano.

La distancia entre el blanco y el sueldo efectivo está cubierta por sumas no remunerativas que pueden o no ser bonificables. En la mayoría de los casos no lo son, de modo que el aguinaldo se calcula en base al salario blanco y no al total, al igual que los aportes jubilatorios.

Frente al reclamo por los descuentos, el juez Carlos Arenillas rechazó todos los recursos presentados por los docentes. Arenillas está casado con María Julia Victoria, hija del presidente del Tribunal de Disciplina y socia de Romina Mercado, hija de Alicia Kirchner, en su estudio jurídico. Los vínculos familiares son moneda corriente en la pirámide de la justicia local.

En el fuero federal de Río Gallegos está el juez electoral Gerardo Camaño, amigo de Zaninni y uno de los que presionó al obispo Romanín diciéndole que era inconveniente que se reuniera con los docentes.

Además del juez Losada, sobre quien volveremos más adelante, el otro juzgado está ocupado por Valeria López Leston, sobrina del presidente K (su madre es prima hermana de Néstor): el ingreso de Valeria fue aprobado por el Consejo de la Magistratura, en el cual seis de sus siete miembros responden al oficialismo; dos de ellos ni viven en Río Gallegos (Olaf Asset y Eduardo Gonzalez).

El Consejo fue nombrado hace cinco años y su único miembro independiente es Alicia Figueroa, representante del gremio.

El juez Losada, titular de Juzgado Penal Nº 1 de Gallegos, tuvo a su cargo la denuncia por los 535 millones de dólares fugados de Santa Cruz luego que el juez federal Guillermo Montenegro se declarara incompetente.

Losada está vinculado sentimentalmente a Romina Mercado, sobrina del Presidente, a quien sobreseyó sin consultarlo siquiera por la ruta de los fondos o los intereses. En 2000, Losada desvinculó a Kirchner de otra causa, por utilizar el avión sanitario de modo discrecional.

Pero aún así, el silencio no alcanza y la compra de jueces y periodistas tampoco. Sopla el viento en el sur y miles de personas salen a la calle. Preguntan porqué nadie dice nada.

INVESTIGACION:

J L /ROMINA MANGUEL/LUCIANA GEUNA (en Buenos Aires) /

RUBEN LASAGNO (en Santa Cruz)

(Gracias Mariángela)