La Educación Queda Presa De La Economía

Clarín.com - Martes 18 de octubre de 2005.

La ley de financiamiento que se debate no implica apostar por la mejora de la calidad sino depender del péndulo entre crisis y crecimiento.

Mariano Narodowski.
DOCTOR EN EDUCACION. DIRECTOR DEL AREA DE EDUCACION, UNIV. DI TELLA

Las últimas siete décadas de historia social y económica argentina se han caracterizado por los vaivenes en sus políticas. Marcelo Diamand, en un trabajo publicado hace más de 20 años, definió la situación como el "péndulo argentino": una alternancia de políticas económicas populares dirigidas al mercado interno y a un prometedor proceso de industrialización que termina en una crisis que dará lugar a políticas económicas "neoclásicas" de ajuste y apertura de la economía, que dará lugar a una nueva crisis, la reaparición del modelo popular, y así de seguido.

Al margen de las simpatías por un modelo o por otro, es obvio que la Argentina no ha conseguido romper el péndulo, lo que muestra una llamativa incapacidad para instalar un proyecto diferente, superador, de desarrollo a largo plazo. La educación ha sido una variable que no ha estado ajena a estos ciclos. Revisando los últimos 21 años de democracia podemos observar que la inversión en educación crece en los períodos de auge económico y se estanca en los diferentes momentos de crisis (el plan austral, la hiperinflación, el efecto "tequila", la salida de la convertibilidad).

El gobierno del presidente Kirchner ha enviado recientemente un proyecto de ley al Parlamento en el que se dispone un incremento de la inversión en educación hasta llegar a 2010, cuando la suma del gasto público de la Nación y de las provincias se habrá de corresponder con el 6% del Producto Bruto Interno, la proporción esperable en países desarrollados y la recomendada por organismos internacionales. Más que saludar este interés por el aumento del gasto educativo (ningún ciudadano argentino podría estar en contra de este aumento), interesa entender la estrategia elegida por el gobierno en el contexto del "péndulo argentino".

La pregunta que corresponde hacerse es si esta decisión forma parte de un camino para contribuir a modificar la lógica del péndulo o si acaso es un momento más de la oscilación entre un extremo y el otro. Vale advertir que el proyecto presentado tiene mucho en común con Ley Federal de Educación de 1993 y con los pactos que la sucedieron.

Si bien la nueva ley contemplaría la relación entre la Nación y las provincias, el esquema es idéntico al del gobierno de Menem en dos aspectos: por un lado, el 6% del PBI para educación ya estaba en la ley de 1993 y se trata de una meta de inversión educativa atada a variables macroeconómicas: si el producto bruto crece, los recursos para educación aumentan, pero si se producen años de estancamiento o recesión (cosa desgraciadamente factible incluso en países altamente desarrollados que no han atravesado la decadencia argentina) el gasto en educación deberá disminuir en términos reales.

Por otro lado, es igualmente idéntica la propuesta de 5 años para alcanzar el objetivo. En el proyecto del Gobierno se trata de aumentar la inversión en educación si y sólo si se incrementa el PBI, negándose una discusión central en la Argentina acerca de la recaudación y la correcta utilización de todos los fondos públicos. Además, integrar educación a los progresos macroeconómicos implica seguir el ciclo, apostando todas las fichas a una economía poco desarrollada y vulnerable.

Por último, el dato macroeconómico puede ser irrelevante como meta, ya que en el 2000 el gasto en educación estuvo cerca de la meta del 6% (fue del 5%) y los problemas educativos estaban muy lejos de resolverse. En otras palabras, la propuesta del Gobierno trae de nuevo lo que todos los gobiernos han traído de nuevo en épocas de crecimiento de la economía: va a crecer el gasto en educación, esperándose que las cosas empeoren cuando la economía no funcione bien.

¿Cómo se rompe del péndulo? Debemos solicitar al Gobierno un comportamiento serio; o sea, anticíclico. El Gobierno debe proteger los fondos para la educación de las crisis, los estancamientos y las recesiones de modo tal que la inversión en educación, en términos reales, nunca descienda. Esa sí es una meta interesante por la que se deberá pujar contra los ítem incluidos en el presupuesto nacional que sean menos prioritarios que la educación. Pero eso no alcanza.

Para salir del péndulo argentino hay que ir más lejos: los dirigentes deben cambiar la lógica de pensar en distribuir con los ciclos positivos y ajustar en las crisis. En el caso de la inversión en educación, el financiamiento no debe supeditarse a la macroeconomía, sino que debe estar en función de las necesidades reales de las escuelas.

Resolver en serio este problema necesita de la respuesta a una pregunta central: ¿cuánto le cuesta a la Argentina una educación de calidad?. La función del Ministerio de Educación de la Nación es tener claridad acerca de los indicadores de calidad a los que se quiere llegar y de los recursos necesarios para hacerlo. Enfocar el problema de este modo invierte los factores a favor de una política de la calidad de la educación, en la que el financiamiento será la condición necesaria más allá del crecimiento de la economía.

Esta estrategia rompe con el vaivén de la decadencia y plantea la necesidad de establecer un monto mínimo vital para la calidad por cada alumno y por cada docente de la Argentina, monto conforme a cada situación social, identificando la responsabilidad de la Nación y de cada provincia. ¿De qué sirve una ley de financiamiento educativo que ni siquiera propone que los docentes recuperen el poder adquisitivo perdido con la inflación de estos años y que nada indica sobre la calidad de esos recursos?

Es probable que el resultado del costeo de una educación de calidad genere varias discusiones. Es probable que para años críticos se precise más que el 6% del PBI. Además, hace falta debatir cuál es la mejor forma de organizar la educación en la Argentina, lo que nos enfrentará al hecho de que es mucho lo que falta para lograr no ya una proporción de un indicador macroeconómico sino calidad educativa que devuelva a la sociedad argentina la esperanza en la educación como factor de desarrollo económico y de inclusión social.

Y que esa esperanza no se desbarranque cada cinco años.

Fuente: Clarin.com