700 beneficiarios “fantasmas” de la tarjeta alimentaria compraron en un comercio de Fontana

Diario Chaco.com - Viernes 20 de marzo de 2009.

En un lapso de 3 días. Un negocio de la localidad de Fontana realizó operaciones comerciales con 700 tarjetas alimentarias de beneficiarios que se habría constatado, nunca recibieron el plástico y que viven en Resistencia.

La operatoria habría sido de $ 60 por cada una de las tarjetas utilizadas, lo que multiplicado por 700 arroja un beneficio de $ 42.000 en solo tres días.

El comercio funcionaría bajo el nombre de Supermercado “El Cohete” y el propietario estaría vinculado al Ministerio de Desarrollo Social.

Desde la cartera estatal, alertados por el inusual movimiento comercial del supermercado, habrían iniciado la investigación que derivó en varios funcionarios desplazados y sumariados y una denuncia ante la justicia llevada a cabo por el asesor general de la Gobernación, Miguel Garrido.

Este nuevo escándalo asociado a las Tarjetas Alimentarias que distribuye el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia, se suma al que fuera denunciado oficialmente esta misma semana y que hablaba de tarjetas que contenían información que no coincidía con los datos oficiales elaborados desde la cartera.

En este caso la cantidad exacta de tarjetas cuya condición era irregular alcanzaba a las 2.787 sobre un total de 34.000 beneficiarios.

Esta vez el inusual movimiento de un supermercado de Fontana, El Cohete, quien figura en la lista de comercios que firmaron convenios de colaboración para el desarrollo de proveedores locales y la contención del precio de los alimentos, a través de la oferta de la canasta de productos básicos y la recepción de la tarjeta alimentaria; fue lo que llamó la atención.

En el lapso de tres días este comercio había realizado operaciones comerciales con 700 tarjetas alimentarias, a un valor de $ 60 cada una, lo que multiplicado por 700 arroja un beneficio de $ 42.000.

Estas tarjetas la poseen los destinatarios de planes sociales alimentarios nacionales y provinciales, y en este caso en particular, los 700 involucrados viven en Resistencia.

Lo cierto es que según pudo ser corroborado después, ninguno de estos había recibido jamás el plástico que le permite operar.

Una inmediata investigación interna habría determinado que un funcionario del Ministerio encargado de poner en marcha este sistema, Desarrollo Social; tendría vínculos familiares con el propietario del negocio lo que derivó en su desplazamiento e investigación sumaria a fin de determinar su responsabilidad.

Paralelamente, también se instruyó al asesor general de la Gobernación, Miguel Garrido, para que iniciara la correspondiente denuncia judicial.