La Legislatura Lleva 8 Años Sin Votar Una Ley De Acceso A La Información

Diario Norte Edición Digital

La Legislatura chaqueña lleva ya ocho años sin aprobar una ley que garantice el libre acceso de la ciudadanía a datos e informaciones relacionadas con el manejo de las cuestiones públicas. Un primer proyecto con ese fin fue presentado en 1998, y luego se sumaron otros, todos con la misma suerte: quedar cajoneados en la Cámara.

La oposición atribuye ese freno a una decisión de la Alianza, y particularmente al liderazgo de Angel Rozas, mientras que, paradójicamente, el ex gobernador apareció ahora anunciando que en el Congreso presentó un proyecto de esas características para que rija a nivel nacional.

El primer intento dentro de la provincia por tener una norma que garantice el acceso a la información pública fue presentado por un diputado radical Hugo Maldonado, actual presidente del comité provincial de la UCR.

Su iniciativa ingresó en 1998, y aunque el entonces legislador la promocionó bastante, no tuvo eco suficiente en el resto de los diputados.

En diálogo con NORTE, Maldonado atribuyó aquel fracaso a "algunos mitos injustificados. Por ejemplo, en su momento yo envié copias del proyecto a las distintas dependencias y organismos públicos para recibir sus opiniones, y recuerdo que desde una empresa pública se me contestó que la ley iba a entorpecer el funcionamiento de la compañía, porque decían que los ciudadanos se iban a volcar masivamente a pedir información sobre diversos temas, y eso iba a demandar un trabajo extra".

"Yo creo que todo es finalmente una cuestión de actitud, y de resistencia a los cambios. Es como lo que pasó con la ley de ética pública. Yo no entendía que hubiera que debatir algo que yo ya había hecho cuatro años antes, al difundir mi patrimonio por internet", agregó.

Dos meses antes de que finalizara su mandato en la Legislatura, Maldonado volvió a la carga con su proyecto, buscando que se le fijara fecha de tratamiento en una sesión. Pero tampoco esa vez tuvo éxito, y la iniciativa quedó guardada en el gigantesco freezer que la Legislatura tiene reservado para los temas importantes que son tachados de inconvenientes en términos políticos.

Tras el proyecto de Maldonado, otros diputados también ingresaron iniciativas sobre el acceso a la información del Estado. Uno de ellos fue el justicialista Julio Sotelo, y también planteó una propuesta Daniel San Cristóbal, del Frente Grande.

El proyecto de San Cristóbal fue presentado en 2003, y en su primer artículo establecía que "toda persona tiene derecho, de conformidad con el principio de publicidad que rige para los actos de gobierno, a solicitar y a recibir información completa, veraz, adecuada y oportuna, de cualquier órgano perteneciente a la administración central, descentralizada de entes autárquicos, empresas y sociedades del Estado, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, empresas e instituciones autónomas, órganos descentralizados de la administración, personas jurídicas donde el Estado tenga participación en el capital o en la formación de decisiones societarias, en todas las empresas prestadoras de servicios públicos, fondos fiduciarios integrados en todo o en parte con activos o ingresos del sector público provincial, el Poder Legislativo y del Judicial en cuanto a su actividad administrativa, consorcios camineros —ley 3565—, demás entes y organizaciones no gubernamentales en cualquiera de sus formas que perciban recursos, bienes o servicios para su administración y en todo ente en que el Estado tenga alguna forma de participación, sea en el capital o la dirección".

"Este derecho también incorpora la posibilidad de formular consultas a las entidades y personas que ejercen funciones públicas aquí mencionadas y a obtener copia de los documentos que recopilen información sobre sus actividades en la ejecución de las competencias a su cargo", agregaba otro tramo del proyecto.

La iniciativa era extensa, ya que preveía todos los aspectos relacionados con la reglamentación de los derechos que se garantizaban. Pero tuvo la misma suerte que las otras propuestas.

"La Alianza bloqueó todo, y creo que en esto hubo una orden muy clara del propio Rozas, ya que no había el menor interés en facilitar los mecanismos de control de la ciudadanía o de la prensa sobre los manejos en el Estado", sostiene San Cristóbal.

Por eso, el legislador del Frente Grande criticó el anuncio que Rozas hizo recientemente sobre la presentación de un proyecto propio en el Congreso, dirigido a que el gobierno nacional permita el acceso a la información pública.

"Es casi una burla que él, que hizo todo lo posible por impedir la difusión de lo que realmente sucedía en la administración del Estado, ahora aparezca a nivel nacional como el paladín de la libertad de acceso a la información", cuestionó.