Si Nadie Admite Sus Errores, La Reconciliación Será Un Cuento

Por Miguel Fernándes, director de NORTE

Los buenos deseos de la doctora María Luisa Lucas al retornar a la presidencia del Superior Tribunal de Justicia no pueden menos que compartirse, especialmente en lo dicho sobre una relación de buena fe que lleve a la justicia y a la prensa por el mismo camino.

Sin embargo, incorporada al máximo cuerpo judicial con el retorno de la democracia, la nueva presidenta puede testimoniar que nunca en 23 años se vivieron circunstancias tan turbulentas y que tanto pusieron en tela de juicio a ese poder fundamental del Estado, como ocurrió en este 2006.

El presidente saliente, Dr Ricardo Franco, leyó hace un año un enjundioso mensaje al asumir en ausencia del gobernador -tal como volvió a ocurrir este viernes al jurar la doctora Lucas- planteando entonces la independencia presupuestaria del Poder Judicial como un requisito básico de su buen funcionamiento, al decir que no le temblarían las manos para llevar adelante esa bandera.

Cuestionó al Poder Ejecutivo por la injusta reducción de recursos, valoró el respaldo de la Federación Argentina de la Magistratura y advirtió que los mismos jueces habían comenzado a presentar recursos de amparo para resguardar la intangibilidad de sus remuneraciones.

Previno de esa forma al Ejecutivo que podría repetirse aquella delicada situación del juicio iniciado en 1985 cuando gobernaba Florencio Tenev -entonces Franco era juez de Instrucción y presidente de la Asociación de Magistrados- cuyo costo final, afrontado en 1998 durante el primer mandato de Angel Rozas, fue de 110 millones de dólares.

(El pago con una emisión forzosa de bonos y la estafa urdida en perjuicio de muchos de los ganadores en la Corte Suprema es otra historia: derivó en un escándalo que aún investiga el juez Zanazzo).

El doctor Franco condicionó el logro de "una justicia, digna, seria, responsable, dedicada, eficaz y eficiente" a dotarla de medios suficientes y a respetarla, considerando que por esa vía el Chaco lograría una seguridad jurídica imprescindible para su mejor calidad de vida.

En su interpretación de aquel momento remarcó que "resulta imprescindible garantizar la independencia judicial a través de los dos elementos constitucionales que la definen: la inamovilidad en los cargos de los magistrados y la intangibilidad de su remuneraciones".

"Nuestra tarea, y digo nuestra tarea porque como siempre trabajaremos mancomunadamente los cinco jueces del Superior Tribunal.." también fueron entonces palabras de Franco.

Para constatar aquello del dicho al hecho, antes de un mes la mancomunión volaba por los aires.

Ocurrida la represión policial al desalojar ocupantes ilegales de viviendas en Puerto Vilelas, la investigación que abrió personalmente el ministro Eduardo Molina, haciendo valer su condición de presidente de la sala penal, desató una trifulca interna sin precedentes.

Molina no titubeó en hacer desfilar a la plana mayor policial y quería llegar al ministro de Gobierno -que nunca pudo ser ajeno al operativo montado- con tal impacto mediático que no solamente se impugnaron sus facultades, sino que de hecho se decidió terminar con sus días en el Superior Tribunal.

La sincronía entre un sumario interno que alcanzaba también a dos hijos del juez y el requerimiento del desafuero, para derivar en el juicio político que se remataría con la destitución, no solamente sacó los trapos al sol de un enfrentamiento interno sin punto de retorno, sino que hizo metástasis en lo que podía quedar de la independencia política del Poder Judicial, al sellar la relación de los cuatro que le sacaban bolilla negra al abogado de Villa Angela con los diputados oficialistas que serían sus verdugos.

La negociación de la renuncia de Molina que automáticamente abortó el sumario y tuvo otros detalles, que no viene al caso repasar, fue el prólogo de una historia anunciada: el primer hueco en el Superior Tribunal estaba reservado para el ex ministro coordinador del gobernador Rozas y, por lo tanto, el ingreso de Rolando Toledo era un secreto a voces y sólo cuestión de tiempo.

Excepto que Rozas haya querido hacer una demostración de su poder político intacto ante propios y extraños -por el que obligó al gobernador Nikisch que ordenara votar a Toledo, así se fuera a Ucrania para no firmar el decreto de su designación- cuesta entender que el caudillo radical no tuviera en cuenta la resistencia social y política que desataría esa nominación, generando un desgaste por el cual el Consejo de la Magistratura se convertiría en un blanco fijo, atacado por retroceder a un nivel de politización y dependencia que se mantuvo a capa y espada, aún defendiendo lo indefendible.

Del mismo modo que la promoción de Toledo a la mayor jerarquía judicial de la provincia estaba escrito, en todos los corrillos se decía que el oficialismo vendría por más: las juezas civiles amparistas, Cynthia Lotero de Volman e Iride Grillo estaban en la mira, acaso porque sus decisiones habían llegado demasiado lejos al poner en aprietos a ministros y funcionarios.

También aquí la historia escribió su primer capítulo: la resistencia, por momentos violenta, del Foro por la Independencia Judicial no pudo evitar que la jueza Lotero fuera suspendida al admitirse ocho denuncias en su contra con la mayoría de esos cinco votos que optaron por Toledo entre otros 22 aspirantes.

Fueron los mismos comensales que nunca imaginaron que un borbollón de activistas sociales les arruinaría el remate de esa fatídica jornada y mucho menos pudo esperarlo el mismísimo Angel Rozas, a quien sorprendieron cenando con cuatro médicos y le descargaron una insultante andanada de reproches.

¿Valía la pena haber llegado tan lejos abriendo un frente tormentoso que será mayor cuando, como se teme, llegue la hora de la destitución de la jueza? ¿Se puede atribuir las críticas a un grupo de revoltosos, como se lo ha calificado, sin razonar sobre los fundamentos constitucionales y el efecto de atemorización que se puede transmitir sobre el resto de magistrados? ¿Alguien cree que la imagen de justicia adicta es falsa y puede demostrarlo con fallos realmente ejemplares?

¿Cuáles son? ¿O la conducta de los funcionarios denunciados ha sido la de monjes benedictinos?

En tanto la política no actúe y resuelva en función de su cabal responsabilidad y asuma el riesgo de administrar, aún en cuestiones muy controvertidas, la vía de judicializar toda cuestión pendiente, de provocar una lluvia de acciones de amparo o de medidas autosatisfactorias, puede seguir provocando una sobrecarga para jueces que, naturalmente, se exponen al error, pero con instancias superiores siempre abiertas para las correcciones correspondientes.