La Lucha Por El Territorio De Los Aborígenes -II-

Empresas sojeras, plantas de celulosa, minería a cielo abierto, petroleras y el turismo cinco estrellas expulsan de sus territorios a pueblos indígenas. Un relevamiento parcial contabilizó 397 conflictos por tierras.

Minería, desmontes y soja

Salta, Jujuy y Santiago contabilizan al menos 275 situaciones de conflictos territoriales, que involucran 6.365.462 hectáreas.

Salta contabiliza 46 casos, con 1,3 millones de hectáreas que afectan principalmente a los pueblos Guaraní, Wichí y Kolla, aunque en menor proporción también al pueblo Toba y Chané. El avance sobre sus espacios incluye el desmonte nativo para la siembra de soja. En el período 2002-2006, en Salta dejaron de existir 414.934 hectáreas, más del doble del registrado entre 1998-2002, y cuya índice de desmonte supera el promedio mundial, según datos de la Secretaría de Medio Ambiente de Nación en su último “Inventario Nacional de Bosques Nativos”.

A nivel país, en el mismo lapso, dejaron de existir 1.108.669 hectáreas de bosques, 277 mil hectáreas por año, que equivalen a 760 por día, 32 hectáreas por hora. La misma Secretaría remarca que la deforestación se produce para destinar esas superficies a la agricultura, principalmente al cultivo de soja.

En Salta sobresalen los conflictos en tierras aledañas a la Ruta Nacional 86, al norte provincial, con históricas disputas con ingenios azucareros (el San Martín, de la compañía Seabord Corporation es el más resonante) y, en el sur provincial, zona de los Valles Calchaquíes, las disputas se dan con grandes fincas (en su mayoría viñateras) que adquieren grandes extensiones de tierra con históricos ocupantes dentro.

La actividad minera también mantiene alerta a la zona de Cafayate y San Carlos: en los últimos años se produjeron más de cuarenta prospecciones metalíferas, en su mayoría de oro, plata, cobre y plomo.

En Jujuy, el Pueblo Kolla se encuentra asentado en la zona de la Quebrada y Puna, fundamentalmente en tierras fiscales, y una minoría de dominio privado. En tanto el Pueblo Guaraní se encuentra en la zona del Ramal Jujeño donde casi la totalidad está en manos de particulares, a excepción de dos lotes (1 y 515), que las comunidades guaraníes reclaman como propios pero el estado provincial lo licitó a privados. En la provincia, se relevaron diez conflictos, que involucran dos millones de hectáreas.

También sobresale la actividad minera (yacimiento Pirquitas, Minera Aguilar y el lavado de oro sobre el río Orosmayo) y los conflictos con empresarios turísticos, focalizados luego de que Humahuaca fuera declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, lo que elevó los precios del lugar, con la consecuente llegada de privados poseedores de cuestionados títulos de propiedad.

“El gobierno provincial alienta cuatro polos productivos: la industria del azúcar y el tabaco, el turismo y la minería. Todas ellas atentan contra nuestros territorios y nuestra forma de vida”, explicó Ariel Méndez, de la Red Puna.

Los agronegocios, con la soja transgénica como bandera, tuvieron este año una cosecha récord: 47 millones de toneladas, por un monto aproximado de 15.000 millones de dólares. “El avance del modelo agroexportador trajo innumerables conflictos legales a las familias asentadas en las tierras desde hace décadas. Los cambios climáticos sumados a los avances tecnológicos hicieron de las viejas y olvidadas tierras santiagueñas un paraíso para grandes empresarios. Con la soja, las tierras se tornaron un bien preciado”, explicaron desde el Mocase-Vía Campesina, integrante del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) y apuntan:

“Si se respetaran los derechos de los antiguos pobladores de estas tierras, este indiscriminado avance sería muy difícil de llevar adelante. La complicidad de gran parte del Sistema Judicial, desde sus principales actores hasta los auxiliares de justicia, hacen imposible impartir objetivamente justicia”.

Santiago del Estero -con presencia de los pueblos Tonocoté, Vilela, Lule, Diaguita y Gauycurú- encabeza la lista de desmonte: 515.228 hectáreas en los últimos cuatro años, lo que significa un 71,61 por ciento más que entre 1998 y 2002, según dato de Medio Ambiente.

No es casualidad que el Mocase, conformado por 9.000 familias que producen para la subsistencia, enfrente 212 conflictos en toda la provincia, todos casos donde los indígenas y campesinos son denunciados de usurpación de propiedad privada, amenazas, resistencia a la autoridad, desobediencia, daños y hurto forestal. Todos “delitos cometidos” en las propias posesiones ancestrales de los acusados. La cantidad de tierras en conflictos tiene un piso: tres millones de hectáreas.

Desde el Movimiento Campesino Indígena remarcan que el principal problema no es la falta de titularización de las tierras ancestrales, “sino el modelo agropecuario, origen de los desalojos, la represión y el empobrecimiento de las tierras”. Denuncian la imposición de un modelo basado en la exportación y la producción intensiva, de altos insumos y que cada vez produce mayor concentración.

En Argentina, según el último censo agropecuario, el diez por ciento de las denominadas “explotaciones agropecuarias” más grandes concentran el 78 por ciento de las tierras, mientras que el 60 por ciento de las fincas más pequeñas se reparte apenas el cinco por ciento de la superficie cultivable del país.

“El modelo agrario vigente genera muchos ingresos en divisa, gran parte queda en manos de los terratenientes y un porcentaje queda en el Gobierno a través de las retenciones a las exportaciones.

Las elites del agro lo promocionan como un modelo muy desarrollado y eficiente, sin embargo la otra cara de esta forma de producir es la represión para desalojar campesinos e indígenas, una gran contaminación del medio ambiente, alta degradación de los suelos, alta dependencia externa por los insumos, y una gran deuda social ya que la producción de alimentos para los argentinos queda relegada y se prioriza la exportación, logrando una escasa distribución de los ingresos”, denuncian desde el MNCI.

Pasteras, pinos y muertes

Misiones cuenta con tres actividades que chocan con comunidades indígenas, campesinos y ambientalistas: tres plantas de celulosa (Puerto Piray, Papel Misionero y Alto Paraná), emprendimientos turísticos que avanzan sobre territorios ancestrales y dos represas (una ya construida –Yaciretá, en Corrientes, pero que anegó áreas en Posadas y obligó a masivas relocalizaciones- y otra planificada, Corpus, que fue rechazada por el 80 por ciento de los misioneros en una consulta popular, en 1996, pero aún sigue en carpeta del gobierno provincial).

De la mano de las pasteras también llegó el monocultivo de pino (la materia prima), las madereras, la concentración de tierras y, al mismo tiempo, los conflictos con pueblos originarios y poblaciones rurales. Página/12 contabilizó en Misiones quince casos, que involucran casi 90 mil hectáreas y tienen como contrapartes a privados, aserraderos subsidiarios de las papeleras, el estado provincial y hasta la Universidad Nacional de La Plata, que ostenta un título de propiedad por 6.144 hectáreas, pero donde hace 150 años viven comunidades del Pueblo Mbya Guaraní.

La historia de concentración de tierras de Misiones comenzó en 1881, antes que sea provincia, cuando su superficie fue repartida entre 30 familias. Entre fines del siglo XIX y principios del XX, el Estado impulsó la colonización del sur y centro de la provincia. Y durante gran parte del siglo pasado creció al abrigo de la actividad agropecuaria: yerba mate, té y tabaco. Había grandes plantaciones, pero también subsistía el pequeño colono que, una vez cosechado, comercializaba su producción.

Esa historia comenzó a cambiar hace tres décadas, y por dos factores: la desregulación en la producción (el Estado cedió lugar antes las grandes empresas, los colonos perdieron primero mercados, luego sus chacras y tuvieron que emigrar a los cordones urbanos) y, por otro lado, la provincia cambió el perfil productivo: dejó de lado la actividad agropecuaria e impulsó -con leyes blandas, desgravación impositiva y subsidios generosos- los negocios forestales: madereras y plantas de celulosa fueron las beneficiadas directas. Ambas actividades denunciadas por su efecto sobre el medio ambiente, las condiciones laborales de sus trabajadores y el desalojo de pobladores ancestrales.

El último Censo Nacional Agropecuario de la provincia confirma la concentración: existen 27.000 explotaciones agropecuarias. Sólo 161 de ellas (el 0,6 por ciento del total) poseen el 44 por ciento de la tierra de Misiones (917.000 hectáreas). El mismo estudio afirma que, en la última década y en la zona de Alto Paraná, descendió un 27 por ciento la cantidad de pequeñas chacras.

“La producción forestal artificial nos pone frente a un modelo de monocultivo y concentración. Con su lógica de maximización del beneficio en el menor plazo posible, el sector forestal no respeta las normas de preservación, produce despoblación de las zonas y exterminio de gran parte de los recursos naturales”, afirman desde el Foro de la Tierra.

Ilustrativo es el caso de la Papelera Alto Paraná: propietaria del diez por ciento del suelo provincial, 233 mil hectáreas. Caso emblemático es el municipio de Puerto Piray, donde la compañía es dueña del 62,5 por ciento de la tierra: de las 36.000 hectáreas del municipio, la empresa posee 22.500.

Hace exactamente un año, los guaraníes misioneros habían sido noticia por la muerte de niños: en dos meses se habían sucedido quince fallecimientos del pueblo Mbya Guaraní, sobre una población total de cuatro mil personas, lo que hacía trepar la mortalidad infantil a índices récord. Denunciaban como causas la ausencia de política aborigen integral y, justamente, la falta de territorios.

“Es una tragedia cotidiana que está íntimamente ligada a la pérdida de tierras. No es casual que empezamos a morir a partir de la pérdida de nuestros espacios de la mano de las madereras y papeleras. Si hay 30 familias sobreviviendo amontonadas en 30 hectáreas, no hace falta ser médico para saber que no podrán tener alimentos ni las medicinas naturales que hacen a nuestra forma de vida”, explicó Hilario Moreira, integrante de la Organización de Comunidades Mbya Guaraní (OCMG), que agrupa a 30 de las 75 comunidades aborígenes de Misiones.

También explicaban que la pérdida de sus territorios les implicaba elabandono de sus prácticas culturales, productivas y la modificación de su vida comunitaria, provocando un brusco cambio de su hábito alimentario tradicional, en gran parte sustituido por asistenciales bolsones de comida.

Luego del escándalo por las muertes de los niños, la Dirección de Asuntos Guaraníes (dependiente del gobierno provincial) no volvió a publicar cifras al respecto. Las comunidades aseguran que subsisten dos males: el despojo de sus tierras y la muerte de niños.

Fuente: regionnortegrande.com