Reclamo De Docentes Universitarios

El Diario de la Región - Martes 02 de agosto de 2005.

La Comisión de Negociación Salarial para los docentes universitarios, compuesta por la Secretaría de Políticas Universitarias (SUP), el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Confederación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) y Conadu Histórica se reunirá el jueves.

El objetivo de los representantes sindicales de los docentes en este encuentro es lograr la incorporación al salario de la totalidad de las sumas no remunerativas y no bonificables; un sueldo de $ 800 para el cargos testigos (ayudante de primera con dedicación semiexclusiva).

También exigen la proporcionalidad según el nomenclador docente; asignación de las partidas presupuestarias para el pago de la deuda correspondiente al Fonid 2 y una jubilación equivalente al 85% del salario móvil.

Dicha reunión se produce en un contexto de medidas de fuerza dispares en todo el país por parte de los docentes universitarios. Por ejemplo, en Córdoba, los docentes varias facultades de la UNC decidieron por asamblea acatar la medida propuesta por la Asociación de Docentes e Investigadores Universitarios de Córdoba (ADIUC), de no tomar exámenes en el turno de julio.

Y si bien en otras universidades los turnos de exámenes no se han alterado, el "no" comienzo de clases en todas las casas de altos estudios, previsto para el próximo lunes será una realidad si no se llega a un acuerdo en la reunión del jueves.

El reclamo de los docentes universitarios se ve fuertemente justificado por el hecho de que en los últimos años han perdido un importante porcentaje del poder adquisitivo de sus salarios que a valores históricos, hoy se ubica en una disminución del 15% respecto de 2001, antes de la devaluación.

Otro elemento importante a la hora de analizar el reclamo docente, es el pedido que se blanqueen los distintos pagos en negro que se vienen realizando y que alcanzan hasta un 48% del salario de bolsillo, como lo es el caso de los docentes de dedicación simple.

Según la Conadu, “además de las consecuencias negativas sobre el adicional de la antigüedad, la importante irrupción del componente en negro, no remunerativo ni bonificable, afecta de manera directa sobre la situación de las jubilaciones y las obras sociales”.