El Superior Sumarió A 40 Empleados Por Publicar Cartas De Lectores
Diario Norte Edición Digital - Domingo 09 de abril de 2006.
El secretario general del Sindicato de Empleados Judiciales del Chaco, Nelson Salinas, denunció que "el Superior Tribunal de Justicia dispuso la realización de un sumario administrativo contra 40 empleados judiciales de Villa Angela por haber firmado el 01/03/06 una carta de lectores en la que -ejerciendo derechos consagrados en la Constitución Nacional- manifestaron su legítimo interés ciudadano por el esclarecimiento de los hechos ocurridos en el desalojo del complejo de viviendas en Puerto Vilelas.
En el texto, los compañeros habían hecho trascender la preocupación que se genera "cuando las personas del derecho y de instituciones republicanas salen a decirle a la opinión pública que un ministro del Superior Tribunal no tiene competencia para investigar un hecho público", expresión que los integrantes del cuerpo consideraron encuadrable en el artículo 40 del Reglamento Interno del Poder Judicial, que establece como causa de aplicación de medidas disciplinarias el "no observar la debida obediencia y respeto a sus superiores, o las consideraciones concernientes a los compañeros de trabajo".
Es nuestro deber señalar que la denominación genérica -"personas del derecho y de instituciones republicanas"- de ningún modo puede constituir una expresión irrespetuosa.
Su eventual carácter agraviante es producto de la posición que subjetivamente asumen quienes así la consideran y la frase tampoco alude necesariamente al Superior Tribunal de Justicia -¿acaso los abogados, que trabajan y viven de la profesión, no son también "personas del derecho"? ¿Deberían sentirse agraviados por la investigación de un hecho cuando menos vergonzante para todos los chaqueños?
El respeto y la consideración que el Reglamento Interno impone a todos los integrantes del Poder Judicial -independientemente de su jerarquía- han sido guardados por estos trabajadores de una manera ejemplar e inusual en estos tiempos en que la agresividad amenaza con romper los lazos de la convivencia social, azuzada por su constante presencia en el discurso de la clase dirigente.
En nombre y representación del Sindicato de Empleados Judiciales queremos expresar nuestra profunda preocupación y rechazo ante el sumario administrativo del que están siendo objeto los compañeros judiciales de Villa Angela por el sólo hecho de escribir una carta de lectores.
La pertenencia al plantel de empleados de este Poder no nos hace perder la capacidad de ejercer derechos y asumir obligaciones, inherentes a la condición de personas. Ni la libertad de conciencia, ni la de expresión -sin la cual aquélla no puede realizarse en plenitud-.
El autoritarismo con que se pretende disciplinar a estos empleados sumariados, tiene además el trasfondo de pretender -por añadidura- romper el tejido solidario de los trabajadores judiciales, a través de una vía que nadie puede imaginar que todavía sobreviva después de 23 años de restauración de la democracia -la imposición del miedo-.
El miedo al omnipotente, al "superior", apunta a disgregar, a volver a la conciencia de lo individual -cercano al "no te metás", al "sálvese quien pueda", o al "por algo será"-.
Necesitamos como trabajadores preservar la conciencia de la unidad de los empleados judiciales, para bregar en democracia por nuestros derechos. Si se ofende ese espíritu de lucha, ya no repetiremos una epopeya como la del año pasado, que nos tuvo unidos a todos los judiciales, desde la conducción hasta el último integrante de la Justicia, con fuerza, con pasión, con una mística superior que nos permitió lograr objetivos de restauración de derechos que nos correspondían y debieron sernos concedidos.
Con unidad y conciencia de lucha, derrotamos a la cultura posibilista que decía que "no hay plata", aunque nos presentaron como una "patota sindical". Luchamos civilizadamente con armas democráticas, con coraje y coherencia.
Los recursos finalmente empezaron a aparecer, las mejoras salariales comenzaron gracias a nuestra lucha unidos, movilizados y fundamentalmente con conciencia de trabajadores.
(¿No les suena conocido, colegas docentes ...?)
¿Alguien puede asegurar que, a través de estas persecuciones, nuevamente no se está intentando quebrarnos como conjunto con plena conciencia de sus derechos?
Todavía quedan objetivos de reclamos concretos, entre lo que destacamos: que nos devuelvan los aportes indebidamente retenidos de la Ley 4044, reclamo realizado por este sindicato desde el inicio de estos descuentos.
Que se resuelva la incorporación al sueldo básico del suplemento mensual que cobran los magistrados y funcionarios.
Que se reformule este dictatorial Reglamento Interno puesto que lo heredamos de una nefasta época de dictadura militar, y se sigue perpetrando con deleite de la patronal; por eso reiteradas veces peticionamos para que, con la participación del Empleado Judicial, se elabore una nueva reglamentación acorde a los tiempos de la democracia plural, constitucional y social que hoy vive la Argentina.
Si permitimos que sancionen a compañeros por expresar sus ideas democráticas, mañana vendrán por cada uno de nosotros.
Como fue antes.
Las normas constitucionales a nivel nacional y provincial consagran la libre emisión del pensamiento y no existe en este caso interés superior que justifique una limitación a la publicación de ideas a través de la prensa. Si por ser objeto de trámite en un expediente estuviera prohibida la opinión sobre un hecho público, estaríamos impedidos de pronunciarnos sobre el hambre, la educación, la inseguridad, la corrupción. O sobre la subsistencia del sistema republicano de gobierno.
La decisión de poner en vilo a los trabajadores por no pensar como el patrón, amenazando su fuente laboral, constituye un acto de gravedad extrema que este Sindicato expondrá en todos los ámbitos que resulten pertinentes.
La vida democrática se nutre de todas las vertientes y no de un pensamiento único, como el que se quiere imponer a través de estas actuaciones "ejemplificadoras", sumamente peligrosas para nuestro sistema republicano, el que la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación afirmó al adherir -simbólicamente, ya que la norma supranacional rige aún por encima de la Constitución- a la Declaración de Chapultepec de 1994, uno de cuyos principios salientes afirma que "no hay personas ni sociedades libres sin libertad de expresión".
Los trabajadores organizados seguiremos expresando nuestro pensamiento como lo hemos hecho siempre, con respeto y firmeza. Y no vamos a permitir que se imponga una sanción a los compañeros trabajadores por el solo hecho de pensar diferente.
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