Informar Sobre La Inversión Educativa

La NaciOnline - 12/09/2006.

La ley de financiamiento educativo, promulgada el año pasado, generó fundadas expectativas sobre una gradual reducción de los crónicos problemas de partidas insuficientes para el área de la enseñanza.

En esa norma se estableció que el presupuesto para educación crecería progresivamente desde el actual 4 por ciento del PBI hasta alcanzar el 6 por ciento, a razón de un incremento anual estimado del 0,4 por ciento.

Dicha meta de un aporte de fondos públicos tan significativo para el total del gasto consolidado entre la Nación, las provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires -unos 9000 millones de pesos adicionales por año- evidenció el reconocimiento que la enseñanza debe tener entre las necesidades prioritarias del país.

Ese ambicioso objetivo de política fiscal requiere un estricto cumplimiento de las obligaciones fijadas en la normativa señalada. Entre los requisitos básicos figura, lógicamente, el de la transparencia en el manejo de los fondos acordados a cada jurisdicción por el mecanismo de la coparticipación federal.

Para este fin, cada distrito contrae el compromiso de informar con regularidad acerca del destino de los fondos asignados al área educativa, su finalidad y función, tal como lo determina el artículo 16 de la nombrada ley. Ese procedimiento tiene como objetivo evitar el desvío de partidas hacia otros fines, desdichada forma de transgresión en que se incurre de manera frecuente.

De acuerdo con un informe del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), organismo que monitorea el cumplimiento de la ley de financiamiento, sólo cuatro provincias han dado plena satisfacción de la exigencia legal de informar: Córdoba, Chubut, Santa Fe y Tucumán.

Otros seis distritos no han dado a conocer públicamente el destino dado a las partidas presupuestarias: Chaco, La Rioja, Misiones, San Juan, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

El resto ha cumplido de manera parcial y desigual.

Reiteradas experiencias han probado que las carencias educativas han dependido en buena medida del incumplimiento de obligaciones claras que aseguran la indispensable transparencia a una gestión política e impiden las conductas irresponsables.

Desde esa perspectiva, es muy útil la información de la organización no gubernamental, que señala tempranamente las fallas de una gestión cuando quienes las cometen están a tiempo de producir las necesarias correcciones.

También es menester que en cada jurisdicción la ciudadanía siga los procesos de implementación y ejecución de los planes educativos y haga sentir su influencia y su control en lo referente al uso de los fondos públicos del sector.

El loable objetivo de la norma de garantizar los fondos para financiar la educación en todo el país puede desdibujarse si no se cumple con todos los pasos exigidos.

Porque sin un sistema educativo que disponga de los recursos necesarios para cumplir dignamente su misión y para llegar en condiciones mínimas de calidad a todos los argentinos, nuestro país difícilmente podrá volver a instalarse en la senda del progreso y despegar hacia un desarrollo armonioso y parejo.