Uno De Cada Tres Jóvenes No Termina El Nivel Medio

El Diario de la Región - Lunes 29 de mayo de 2006.

Los desafíos de una nueva educación. Los datos de la CEPAL reflejan que una gran cantidad de jóvenes con serias deficiencias educativas -no menos de un tercio en el país- podrían no terminar la educación media. Más una proporción muy grande de personas que ingresan al mercado de trabajo con un nivel de formación insuficiente, condenados a resignarse a la precariedad laboral.

En un estudio del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) en base a datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en grandes centros urbanos de la Argentina, la situación escolar de los jóvenes de entre 15 y 19 años es alarmante si se tiene en cuenta que el 21% de ellos desertaron del sistema educativo, y poco menos de la mitad lo hizo ya en el primario.

Otro 9% se mantiene estudiando, pero con un retraso de 2 o menos años, y un 7% adicional tiene 3 o más años de retraso. Esto decir que apenas el 63% de los jóvenes muestran un desempeño educativo regular en Argentina.

Los datos reflejan una gran cantidad de jóvenes con serias deficiencias educativas y que es altamente probable que no menos de un tercio no llegue a terminar la educación media. Es decir, uno de cada tres.

Esto implica que una proporción muy grande de personas ingresan al mercado de trabajo con un nivel de formación insuficiente. Como consecuencia de ello, antes de iniciar su vida laboral ya fueron condenados a resignarse a la precariedad laboral.

El análisis contextualiza la situación con el resto de Latinoamérica, donde se han sancionado varias y ambiciosas leyes educativas con mediocres resultados. Así, la falta de criterios racionales en la organización del sistema es uno de los principales obstáculos.

Para el Idesa, el punto de partida en la discusión de un nuevo modelo educativo debería retornar a los principios federales de la Constitución, que asigna a las provincias la responsabilidad por la gestión y los resultados educativos, y una política de recursos humanos docentes que premie el compromiso con la calidad.

Con la misma metodología, la CEPAL realiza el mismo cálculo para Chile. Allí aparece que los jóvenes con un desempeño educativo regular o, al menos, con un retraso no superior a los 2 años, es del 84%.

Son 12 puntos porcentuales más que en la Argentina que no pueden ser explicados por una mayor inversión pública dado que –según la CEPAL– para los años 2002/2003, el gasto público en educación fue más alto en Argentina que en Chile, tanto en términos de PBI (4,2 vs. 4,0%) como en dólares por habitante (279 vs. 209).

Para proveer a cada joven el capital mínimo educativo que demanda el mercado de trabajo son necesarios más recursos para construir escuelas, contratar más docentes, mejorarles sus salarios y montar un mecanismo de becas como se hace a gran escala en Brasil, Chile y México.

Sin embargo, tan o más importante es transformar los estilos de gestión. En la actualidad, la administración de las escuelas es responsabilidad de las provincias, pero la Nación se entromete en todos los procesos claves desde financiar inversiones y distribuir material didáctico hasta pagar parte de los sueldos docentes.

En la práctica, lo que termina operando es una “mezcolanza” de intervenciones que no responde ni a una lógica federal, ni a una unitaria. Se trata de una situación que promueve el derroche de recursos pero que resulta muy cómoda para el sistema político, proclive a inaugurar escuelas, anunciar nuevos programas y eludir las responsabilidades por los visibles fracasos, indican los analistas.

Uno de los determinantes claves del desarrollo de un país y del progreso individual de las personas es su formación. Esto se ha acentuado en un contexto de acelerado cambio tecnológico y globalización donde la formación que se requiere para aspirar a un puesto de trabajo de aceptable calidad es cada vez más alta.

En la actualidad, alcanzar el nivel de educación media es el capital educativo mínimo necesario como para tener chances de desenvolverse con éxito en el mercado laboral. Este diagnóstico –más allá de los matices– es universalmente aceptado y es el adoptado por el gobierno nacional en su documento de lanzamiento de la propuesta para una nueva Ley de Educación.

El punto de partida para mejorar los resultados educativos es tomar en serio los principios federales de la Constitución Nacional. Los Estados provinciales deben asumir en plenitud la responsabilidad por la gestión y “poner la cara” por los resultados.

Si se demuestra que una provincia no tiene recursos suficientes, lo que hay que cambiar es el sistema de coparticipación federal de impuestos y/o presionar al gobierno provincial para que administre mejor.

Pero la intervención de la Nación “ayudando” (es decir, administrando intervenciones centralizadas que se superponen con las responsabilidades de las provincias) no aporta soluciones sino que perpetúa los problemas.