Lo Nuevo Para Defender Lo Viejo

La nueva ley de educación que impulsan Kirchner-Filmus-Puiggrós, junto a Yasky y la CTERA, es nada más ni nada menos que el marco jurídico necesario para profundizar la reforma educativa en función de los lineamientos para educación que establecen los organismos internacionales, FMI, BM y BID.

Desde el discurso oficial, se pretende con ella resolver el colapso educativo que resultó de la aplicación de ley de transferencia de escuelas a las provincias y de la Ley Federal de
Educación:

Superar la fragmentación del sistema educativo y darle una estructura “nacional” implementando “políticas complementarias”, elevar el nivel académico, darle solución a la primarización de la vieja secundaria, poner en pie la educación técnica destruida por la reforma, en síntesis alcanzar la tan mentada “calidad” educativa con eficiencia en el uso de los recursos comprometiendo a todos los “actores sociales” para alcanzar la “equidad” educativa, estableciendo para ello, mecanismos de evaluación permanente, vinculando la educación con el mundo del trabajo.

Esta “nueva ley” deja en pie el núcleo más reaccionario de las leyes anteriores, tanto en relación a los contenidos, al avance privatista y de subsidios estatales a la educación privada, como
al desguace del sistema educativo nacional, o sea que es en definitiva, el mismo mono con distinto vestido. No es de extrañar, pues quienes la impulsan y defienden, son los mismos sectores que impulsaron y defendieron la ley federal que ahora critican.

No es otra cosa que el pacto federal II que Llach no pudo imponer y que le costó la cabeza a más de un ministro en medio del fragor de la lucha docente. Algo que no impulsará la burocracia
sindical que acompaña esta ley y está sentada a la mesa con el gobierno.

Esta ley, sostiene Filmus, “tiene que ver con la implementación de la Ley de Financiamiento y de la Ley de Educación Técnica y Profesional”, destacando que puntualmente deberá orientar la intervención del Ministerio de Educación en los aspectos ligados a la educación para el trabajo y en la alfabetización.

Lejos de resolver la crítica situación por la que atraviesa el sistema educativo, esta ley será un nuevo paso en la liquidación de la educación pública, por cuanto está al servicio de las
empresas y del mercado, representa un ajuste y la precarización del trabajo docente en lo que se refiere a estabilidad, introduciendo la capacitación obligatoria y el salario por mérito.

Lejos de apuntar a la construcción de un sistema nacional único, acrecienta la atomización por cuanto cada institución elaborará su propio proyecto educativo.

Plantea la capacitación de los alumnos para realizar sus “propios” microemprendimientos y abunda en el desarrollo de políticas asistenciales.

Descarga sobre los docentes la responsabilidad de la falta de “equidad” en la educación de los sectores socioeconómicos más golpeados por la crisis.

Con esta ley se pretende poner remiendo que disimule la profundización de la reforma y desviar el centro de atención de una cuestión fundamental: la demolición de la educación empieza con salarios docentes con básicos bajo la línea de indigencia y salarios de bolsillo arañando la línea de pobreza, y escuelas en ruinas en todo el país.

Los docentes no nos debemos dejar llevar por la maniobra: la ley será tan inconsulta como siempre.

Reabramos la lucha salarial y por el presupuesto educativo.

Adriana Sirna