El Financiamiento Que Se Viene

Diario Norte Edición Digital - Lunes 07 de noviembre de 2005.

Esta semana, el Senado podría aprobar la ley de Financiamiento Educativo. El trámite sería simple. Mañana habría luz verde de las comisiones de la Cámara Alta, y tendría despacho el día 15 para ser aprobado con seguridad el 22 de noviembre para que la mencionada ley comience a regir en 2006.

Cuando esto ocurra, de los 22.272 millones de pesos que se destinan actualmente a la educación, la cifra alcanzaría a 53.605 millones de la misma moneda hasta el 2010 con lo que se pasaría del actual 4,2 % del PBI al 6% que se pretende alcanzar.

Hasta aquí, todo bien. Pero las dudas y la preocupación de las provincias comienzan a generarse cuando se empieza a hablar de cómo se repartirán esos 31.333 millones de pesos. Según las primeras estimaciones, 20.935 millones estarían a cargo de las provincias y 10.398 millones a cargo de la Nación, lo que indica claramente que no será el 60% que estipula la ley, sino el 66,8% con lo que deberán cargar las jurisdicciones del interior del país.

Otro detalle preocupante: se estima que, al menos en 2006, el 80% de las mayores erogaciones será asignado a mejorar sueldos docentes, lo que hace suponer que ello provocará pedidos de aumentos por parte de otros sectores de las administraciones provinciales.

Se entiende que los gobernadores afrontarán el mayor gasto derivado de la aplicación de la ley con el aumento de los recursos que percibirán por la coparticipación impositiva, pero como el PBI crecerá, esto les demandará un esfuerzo adicional desde el punto de vista fiscal para mantener constante la actual relación entre gasto y PBI.

En otras palabras, las provincias verían que la cuenta educativa subirá 127% en cinco años, alcanzando a 37.426 millones de pesos contra los 16.481 millones actuales, lo que las obligaría a desviar recursos de otras partidas presupuestarias para cumplir plenamente con la futura ley de financiamiento educativo.

Frente a esta problemática ya comenzaron a evaluarse distintas alternativas que se plasmarían al reglamentar la ley. Una de ellas propicia que el monto que las provincias destinan hoy para educación, se mantenga fijo, no subiendo ante un eventual aumento del PBI. Otra posibilidad sería que la Nación comparta esos costos con las provincias.

En el primer caso, habría una notoria merma de los recursos que propone la ley y en el segundo, parece improbable que el ministro Lavagna acepte mayores gastos para la Nación. Y si recordamos que las jurisdicciones deberán cumplir con la Ley de Responsabilidad Fiscal, pareciera que no habría otro remedio que realizar ajustes fiscales.

No deja de ser esta una cuestión urticante, toda vez que el gobierno nacional retendrá el porcentaje de la coparticipación de las provincias destinado al financiamiento educativo y controlará que sea aplicado según lo establecido por la ley, al que parece estar fuera de discusión luego del resultado de las elecciones de las que emergió con mayor poder el presidente Néstor Kirchner.