Detectan Irregularidades En Otras 2 Obras Para Edificios Públicos

Diario Norte Edición Digital - Domingo 26 de agosto de 2007.

El Tribunal de Cuentas encontró irregularidades en otras dos obras públicas encaradas por el gobierno provincial, luego de que también objetara los procedimientos seguidos para la construcción del nuevo edificio de la Escuela de Bellas Artes y para la nueva sede de la Dirección General de Rentas.

Ahora, sendas auditorías del organismo de contralor detectaron falencias y anomalías en el proceso de adjudicación del proyecto de nuevo edificio para el Registro Civil y en las refacciones de la Escuela 33 de Resistencia.

Contratación directa

Uno de los informes es el de un fiscal auditor que se dedicó a revisar la forma en que se encaró el proyecto para la construcción del nuevo edificio de la Dirección Provincial del Registro Civil.

La primera observación que se hace allí es que no se respetó la norma legal que establece que no se pueden contratar de manera directa servicios presupuestados en más de 30.000 pesos.

En el caso del proyecto en cuestión, el presupuesto fue de 32.067 pesos, por lo que hubiera correspondido que se llamara a un concurso de propuestas.

Sin embargo, la secretaría de Obras Públicas realizó la contratación directa por vía de un convenio firmado con el Consejo Profesional de Agrimensores, Arquitectos e Ingenieros, por el que el gobierno asumió el compromiso de encomendar a esta entidad la realización de proyectos ejecutivos, y a la vez el Consejo asumía la responsabilidad de delegar cada proyecto a un profesional sin caer en favoritismos.

Lo que el fiscal señala es que con la excusa de la existencia de ese convenio, un proyecto para el que debió haberse llamado a concurso terminó siendo adjudicado de manera directa a una arquitecta del medio.

“El acto se encuentra viciado, ya que no da cumplimiento con las normas que reglan dicha contratación”, dice el informe.

Entre las objeciones también está el hecho de que no hay documentación que marque la incapacidad de Obras Públicas como para elaborar el proyecto por cuenta propia, y que “no se detecta un programa de necesidades y condiciones para efectuar el proyecto”.

El dictamen es contundente al decir que si en lugar de una contratación directa se hubiera llamado a concurso de profesionales para elaborar el proyecto del edificio, se hubiese abierto la posibilidad de obtener mejores ofertas que la que se dio por elegida.

La Escuela 33

Otro informe de auditoría está relacionado con obras de refacción contratadas para poner en buenas condiciones al edificio de la Escuela 33 de Resistencia, ubicada en la esquina de Las Heras e Illia, con un presupuesto de más de 240.000 pesos entre la obra originalmente prevista y una ampliación aprobada con posterioridad. Allí las anomalías se registran desde el principio.

Por ejemplo, en el contrato no se estableció plazo para la obra ni plazo de garantía, y cuando al Instituto de Vivienda se le requirió documentación sobre todo el proceso de la obra, como acta de inicio, copias de órdenes de servicio, notas de pedido y acta de recepción de la obra, el organismo sólo presentó un acta de recepción provisoria.

Otro detalle llamativo es que la garantía que toda empresa debe ofrecer cuando gana un contrato con el Estado, fue constituida recién dos meses después de firmado el contrato obtenido.

En el listado de anomalías que señala la fiscal auditora que actuó en el caso aparecen carencias en las registraciones contables y certificaciones de obras incompletas, algo muy significativo, ya que es en base a esas certificaciones que se pagan las distintas etapas de las obras públicas.

La fiscal deja constancia de que tanto al IPDUV como al área de Infraestructura Escolar del Ministerio de Educación les reiteró los pedidos de documentación que no habían sido satisfechos en un principio, y que pese a esa insistencia no logró dar con la documentación faltante.

En el tramo dedicado a las conclusiones, la auditoría dice que la falta de elementos documentales “trae como consecuencia la falta de transparencia de la gestión, ya que es evidente que la falta de documentación impide el control externo”.

Además, la inspección técnica realizada por el Tribunal de Cuentas en el colegio pudo determinar que varios trabajos pagados no fueron realizados o se concretaron de manera defectuosa, como un piso que debía ejecutarse con pendiente pero que al no hacerse así, genera grandes charcos en los días de lluvia.