Cinco siglos igual. Empresas sojeras, plantas de celulosa, minería a cielo abierto, petroleras y el turismo cinco estrellas expulsan de sus territorios a pueblos indígenas. Un relevamiento parcial contabilizó 397 conflictos por tierras.
Históricas demandas, con mayor conflictividad
El Movimiento Sin Tierra de Brasil (MST) llama “ocupación” a la acción organizada de asentar familias en fincas improductivas. Luego de desalojos, el Movimiento Campesino Indígena practica desde hace años las “retomas” y tiene entre sus objetivos a corto plazo la “toma” de chacras. El Pueblo Mapuche llama “recuperar” a volver a vivir en sus tierras ancestrales: Atilio Curiñanco y Rosa Rúa Nahuelquir recuperaron 565 hectáreas en plena estancia Benetton. La Comunidad Takul-Chewke recuperó 625 hectáreas en el patio del más lujoso hotel de Bariloche.
El Consejo Asesor Indígena (CAI) ya recuperó, en los últimos años, 150 mil hectáreas en Río Negro. “Tenemos la decisión de ir recuperando lo que legítimamente nos pertenece”, resumió Chacho Liempe, referente mapuche del CAI.
Desde el Grupo de Ecología Política, Comunidad y Derechos (Gepcyd) del Instituto Gino Germani advierten que, así como la conflictividad social de los años noventa estuvo mayormente visibilizada por las luchas urbanas, desde el ámbito rural se afianzan organizaciones, comunidades y luchas que aportan viejos actores sociales, pero ahora fortalecidos y enarbolando históricas demandas. Aunque con otras palabras, desde los territorios ancestrales parecieran coincidir. “El saqueo se da por los bienes naturales, y ahí campesinos, indígenas y poblaciones rurales nos estamos organizando y estamos dando esa disputa. Nos han desalojado pero hemos vuelto a tomar el campo, por el simple ejercicio del derecho. No hemos esperado que un juez nos devuelva la tierra. Nos hemos organizado, hemos ido y retomado la tierra”, advierten los Sin Tierra de Mendoza. En la Patagonia, los Mapuche-Tehuelche de la 11 de Octubre avisan: “En la medida que tomamos conciencia de nuestros derechos y recuperamos nuestra historia, vamos a multiplicar los conflictos. Es un planteo político e ideológico de todo un gran sector de lucha que no tiene vinculación partidaria, que no fue cooptado y que va a recuperar lo que le corresponde”. Chaco: Deforestación, soja y desnutrición
El Chaco fue noticia las últimas semanas por la muerte de al menos quince personas, del Pueblo Toba, por desnutrición y enfermedades evitables con atención primaria de salud. Los tres pueblos indígenas de la provincia (Toba, Wichí y Mocoví) también vinculan los fallecimientos a la falta de tierras y los desmontes: sólo doce conflictos relevados involucran 523.405 hectáreas, y tienen como contraparte al estado provincial. Sobre diez millones de hectáreas que tiene la provincia, contaba con 3,5 millones de hectáreas fiscales, casi su totalidad en los departamentos de Almirante Brown y Güemes, El Impenetrable chaqueño. Según un estudio del Foro Multisectorial por la Tierra, entre 1995 y 2005, los sucesivos gobiernos provinciales vendieron (“utilizando como pantalla la creación de reservas naturales”) 1,7 millones de hectáreas (el 49 por ciento de las tierras fiscales). En ese mismo periodo, datos del Censo Nacional Agropecuario confirma la concentración: las explotaciones de más de 1.000 hectáreas representaban el ocho por ciento del total. En 2002, venta de espacios fiscales mediante, pasaron a representar el 56 por ciento del total, en su mayoría para siembra de soja. El Centro de Derechos Humanos Nelson Mandela va más allá: denuncia que sólo quedan 490 mil hectáreas de selva chaqueña. Además de la concentración de tierras, el corrimiento de la frontera agropecuaria, la pérdida de bosques nativos en detrimento de territorios indígenas, el Foro chaqueño remarca el “vaciamiento del campo”: a mediados de siglo la población rural provincial representaba el 70 por ciento, en 1991 había descendido al 28,5 por ciento, y en 2001 sólo representaba el 16,5 por ciento. Mendoza: Negar indígenas y expulsar campesinos
Mendoza es bien conocida por sus vinos y sus atractivos turísticos. Pero no es tan difundida su realidad indígena y rural: el 60 por ciento de la población rural está por debajo de la línea de pobreza, el 22,6 por ciento es indigente y el 66 por ciento de los trabajos son precarios. Todo según el relevamiento oficial “Condiciones de vida de los hogares rurales”, de la Dirección de Estudios e Investigaciones Económicas (DEIE). Además, hasta fines de los ’70 se negó oficialmente que en la provincia subsistan pueblos originarios. El discurso oficial aseguraba que el Pueblo Huarpe, que se asentaba en lo que hoy es la ciudad capital, había emigrado hacia Chile a los yacimientos mineros. Recién a fines de los ´90 el Estado reconoció la existencia de comunidades Huarpes en el departamento de Lavalle, unas 4000 familias que hoy están en litigio (justamente con la provincia) por 760 mil hectáreas. Desde los últimos años, Mendoza también se sumó a la lista de provincias donde empresarios impulsan desalojos de campesinos e indígenas con derechos de posesión. Con casi 5000 familias con posesión veinteañal, según un relevamiento de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra (UST), existen conflictos en el norte de la provincia (focalizados en los departamentos de Lavalle, Santa Rosa, Tupungato y San Martín) y desde el año pasado se multiplican los desalojos violentos en el sur (San Rafael, Alvear y Malargüe). “El actual tipo de cambio y las bajas retenciones a las exportaciones han revalorizado el precio de la tierra en Argentina. Además, el ‘boom de la soja’ y las forestales van desplazando a la ganadería desde el Litoral y La Pampa hacia esta provincia. Así, las empresas, donde también están las mineras, intentan por todos los medios apropiarse de tierras y agua, comprando, fraguando títulos, usurpando, y prometiendo un progreso y empleo que son mentiras”, explican los Sin Tierra de Mendoza. En el informe “Una tierra para todos”, de la Conferencia Episcopal Argentina de 2006, se remarca que Mendoza es la principal provincia en concentración de tierras: el diez por ciento de las explotaciones agropecuarias monopoliza el 96 por ciento de la tierra provincial. A esto se suma que, según el Censo Nacional Agropecuario de 2002, el 50 por ciento de las propiedades con “derecho a riego” están abandonadas o improductivas (sólo el tres por ciento de la tierra mendocina cuenta con “derecho de riego” –agua en cantidad suficiente para desarrollar la agricultura-, legislada por una ley provincial de 1884, cuando se determinó qué zonas tendrían agua: fueron beneficiadas las pertenecientes a los grandes propietarios de la época. En 123 años, esa norma, y esa zona de riego, no fueron modificadas). “Ocho de cada diez familias no pueden producir por no contar con agua. Por eso impulsamos retomar fincas improductivas, para que los campesinos no tengan que irse a la ciudad. Sólo en la última década, 200 mil familias del país sufrieron ese destino”, resaltan desde la organización, que creó un proyecto de ley que declara la función social de la tierra. En El Nihuil, una zona turística en el sur provincial (departamento de San Rafael), en enero último comenzó la represión a medio centenar de históricos habitantes del lugar (todos ellos con posesión mayor a treinta años), casi 20 mil hectáreas. La misma metodología que en otras provincias: empresarios se presentaron como dueños, no exhibieron títulos y exigieron que abandonen el lugar. Comenzaron a alambrar campos, cerrar caminos y tranqueras, cortar las aguadas, y les exigieron entregar regularmente animales mientras no abandonen la zona (a forma de pago por derecho de pastoreo). Ruperta Arenas de González, de 78 años y con cinco décadas de vida en el lugar, fue el caso testigo: le tiraron abajo la casa, le robaron los muebles y mataron animales. Su esposo, “Don González”, como todos lo conocían, falleció. “Creyó que habíamos perdido nuestra tierra, y murió de pena”, lamentó la viuda. En Chaco se relevaron sólo doce casos, con 523.405 hectáreas. Formosa dos casos, con 70 mil. Mendoza 13 casos (que incluyen campesinos con ascendencia indígena) por 1,1 millón. Buenos Aires cuatro casos, con 501 hectáreas. Y La Pampa con dos casos, que involucran 45 mil hectáreas. El mapeo cuantitativo de conflictos no abarca la totalidad de casos existentes. Además, de los 397 casos relevados, en 83 de ellos no se pudo precisar la cantidad de tierras, por lo cual 8,6 millones de hectáreas es sólo un piso. Al respecto, todos los consultados (comunidades indígenas, abogados especializados en la temática, foros de la tierra y espacios multisectoriales) afirmaron que existen entre el doble y el triple de casos de los que llegan a los medios de comunicación y juzgados (y que fueron la base para este informe). De agregarse los casos de provincias con alta presencia indígena (como Santa Fe y Tucumán), los datos serían de otra envergadura, que crecerían de forma exponencial de sumarse los conflictos campesinos (muchos de ellos con ascendencia indígena), donde provincias como Córdoba, San Luis, La Rioja, Formosa y Corrientes aportarían gran cantidad de casos. Leyes que no se cumplen
El artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional. El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (que en Argentina tienen rango constitucional). Y constituciones provinciales. Son sólo algunas de las legislaciones que reconocen la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, garantizan el respeto a su identidad, derecho a una educación bilingüe e intercultural, aseguran la participación en la gestión referida a los recursos naturales y que reconocen la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan. “Las leyes se leen bien, pero están bien lejos de cumplirse como corresponde”, advierte Chacho Liempe, mapuche del Consejo Asesor Indígena. El 1 de noviembre de 2006, el Congreso sancionó la ley 26.160, que declara por cuatro años la “emergencia en materia y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas”. La norma, suspende los desalojos y compromete al Estado a realizar un relevamiento técnico, jurídico y catastral para otorgar la tenencia definitiva de las tierras ocupadas ancestralmente.
“La ley es un piso para el derecho de los pueblos indígenas, pero hay dos cuestiones de aplicabilidad: el Gobierno debiera difundir la ley y capacitar a los jueces para que la apliquen. Eso no se está realizando y perjudica directamente a las comunidades. Por otro lado, el relevamiento catastral está muy atrasado, ya se perdió casi un año. Y esa es otra gran falla del Gobierno, en este caso personificado en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI)”, explicó el abogado Julio García, especializado en derecho indígena.
Darío Aranda (*)
Fuente: regionnortegrande.com
